Inmuebles de los narcos serán para la Policía
Los recursos para dar inicio a la normativa propuesta por el Gobierno a los legisladores saldrán del dinero del IDH que reciben las gobernaciones y los municipios
M. Chuquimia y C. Peña y Lillo
Los bienes que se incautan al narcotráfico y que ahora son utilizados en programas de prevención y educación, pueden ser transferidos a la Policía para su uso en tareas de seguridad ciudadana, si es que el proyecto de ley final del Gobierno se aprueba sin modificaciones.
El artículo 37 de la propuesta gubernamental señala que el 50% de los bienes inmuebles confiscados al narcotráfico, que hubiesen sido sancionados por sentencia ejecutoriada, serán transferidos a título gratuito a la Policía para su uso en tareas de seguridad ciudadana.
De aprobarse la norma sin cambios, esta dejaría sin efecto el artículo 71 de la Ley 1008, en el que se establece que los bienes secuestrados a los traficantes se destinarán preferentemente a los programas de prevención, educación, salud y rehabilitación de drogodependientes.
El diputado Lucio Marca (MAS) admitió que existe una contradicción entre la ley vigente y la propuesta gubernamental. El asambleísta dijo que ese tema será debatido en las plenarias y recordó que el uso de los recursos de las incautaciones al narcotráfico ya fue motivo de discusión cuando se realizó la socialización de esta normativa.
Las otras dos fuentes de financiamiento para sustentar las acciones que plantea la propuesta de seguridad ciudadana, serán los municipios y las gobernaciones, que aportarán de acuerdo con los ingresos que tienen.
En el caso de las gobernaciones, estas aportarán el 10% de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), al margen del 30% que aportan, de esta misma partida presupuestaria, para la renta Dignidad.
En relación a las alcaldías, estas aportarán entre el 5 y el 10%, dependiendo de su población; las que tengan menos de 50.000 habitantes entregarán el 5% y las que tengan más de 50.000 habitantes darán el 10% del dinero coparticipable de la explotación hidrocarburífera.
El diputado Marca explicó que en este caso se tendrá que recurrir a decretos del Órgano Ejecutivo para organizar un ‘colchón financiero’ que permita el arranque del proyecto, porque en su criterio las entidades subnacionales no tienen presupuestado esos recursos.
Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, existen suficientes recursos en los municipios y las gobernaciones para sustentar la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo y dijo que las autoridades no podrán negar su concurso.
En el proyecto se plantea crear una unidad de investigación de los delitos que puedan cometer los funcionarios judiciales y la elaboración de una base de datos unificada, en la que se tenga la información sobre los antecedentes penales, policiales y judiciales de las personas.
Nota: El deber
Los bienes que se incautan al narcotráfico y que ahora son utilizados en programas de prevención y educación, pueden ser transferidos a la Policía para su uso en tareas de seguridad ciudadana, si es que el proyecto de ley final del Gobierno se aprueba sin modificaciones.
El artículo 37 de la propuesta gubernamental señala que el 50% de los bienes inmuebles confiscados al narcotráfico, que hubiesen sido sancionados por sentencia ejecutoriada, serán transferidos a título gratuito a la Policía para su uso en tareas de seguridad ciudadana.
De aprobarse la norma sin cambios, esta dejaría sin efecto el artículo 71 de la Ley 1008, en el que se establece que los bienes secuestrados a los traficantes se destinarán preferentemente a los programas de prevención, educación, salud y rehabilitación de drogodependientes.
El diputado Lucio Marca (MAS) admitió que existe una contradicción entre la ley vigente y la propuesta gubernamental. El asambleísta dijo que ese tema será debatido en las plenarias y recordó que el uso de los recursos de las incautaciones al narcotráfico ya fue motivo de discusión cuando se realizó la socialización de esta normativa.
Las otras dos fuentes de financiamiento para sustentar las acciones que plantea la propuesta de seguridad ciudadana, serán los municipios y las gobernaciones, que aportarán de acuerdo con los ingresos que tienen.
En el caso de las gobernaciones, estas aportarán el 10% de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), al margen del 30% que aportan, de esta misma partida presupuestaria, para la renta Dignidad.
En relación a las alcaldías, estas aportarán entre el 5 y el 10%, dependiendo de su población; las que tengan menos de 50.000 habitantes entregarán el 5% y las que tengan más de 50.000 habitantes darán el 10% del dinero coparticipable de la explotación hidrocarburífera.
El diputado Marca explicó que en este caso se tendrá que recurrir a decretos del Órgano Ejecutivo para organizar un ‘colchón financiero’ que permita el arranque del proyecto, porque en su criterio las entidades subnacionales no tienen presupuestado esos recursos.
Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, existen suficientes recursos en los municipios y las gobernaciones para sustentar la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo y dijo que las autoridades no podrán negar su concurso.
En el proyecto se plantea crear una unidad de investigación de los delitos que puedan cometer los funcionarios judiciales y la elaboración de una base de datos unificada, en la que se tenga la información sobre los antecedentes penales, policiales y judiciales de las personas.
Nota: El deber
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